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SOS Wi-Fi: Por la protección de un bien común

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Updated: Septiembre 20, 2013

El éxito de la tecnología Wi-Fi hoy en día es incuestionable. Así lo recoge la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, en el estudio publicado por el Ejecutivo comunitario el 1 de agosto, en el cual se recomienda liberar más frecuencias a nivel mundial para satisfacer la demanda creciente de uso de redes inalámbricas basadas en esta tecnología. Y, ciertamente, es una buena noticia, aunque seguramente llega algo tarde.

Los beneficios de Wi-Fi para los usuarios son numerosos. No sólo permite conectividad inalámbrica a altas tasas entre equipos eliminando la necesidad de cables, sino que en torno a él están surgiendo multitud de servicios de valor añadido, algunos de los cuales están diseñados para generar ROI: acceso a Internet y hotspots gratuitos o premium (de pago) en locales comerciales, tiendas e incluso en lugares públicos (más de 300 ayuntamientos en España ofrecen ya servicios a través de Wi-Fi), marketing y publicidad dirigida en comercios, acceso inmediato a la información en lugares turísticos y museos, etc. En estos últimos años hemos sido también testigos de la proliferación de WISP (Wireless Internet Service Provider) que ofrecen servicios de Internet de banda ancha, VoIP e incluso vídeo a muchos hogares a través de esta tecnología, como alternativa al ADSL pero con un coste de despliegue mucho menor. Y hay más, mucho más. Para los propios operadores móviles, el uso de Wi-Fi puede aliviar la sobreutilización de las redes 3G y 4G desviando parte del tráfico de datos a través de esta tecnología en aquellas zonas en las cuales existan puntos de acceso desplegados. Este método, conocido con el término de Wi-Fi offloading, suele redundar en un ahorro de costes para los operadores de estas redes y, en último término, para los usuarios.

La generalización en el uso de la suite de protocolos Wi-Fi (802.11a/b/g/n y los próximos ac y ad) ha venido impulsada desde su inicio por el uso de bandas libres en el espectro electromagnético, mediante las cuales los usuarios pueden disponer libremente de las frecuencias asignadas a esta tecnología de forma gratuita (sin tener que pagar tasa pública alguna). Este hecho, si bien elimina barreras de entrada para la utilización de la red, también puede convertirse en un inconveniente si no se toman las medidas oportunas. Y es que, como bien común, para utilizarlo estamos obligados a compartir los canales inalámbricos disponibles con otros usuarios, lo que a menudo llega a ocasionar la saturación del espectro y la degradación del rendimiento si muchos de ellos acceden a la red al mismo tiempo.

Una de estas medidas que beneficiará sin duda la experiencia de usuario es ciertamente la propuesta por la Comisión Europea y consistente en liberar las frecuencias de 5.150 MHz a 5.925 MHz a nivel mundial, lo que permitiría responder al aumento anual de tráfico de datos móviles del 66% previsto entre 2012 y 2017. Y es que de las dos bandas asignadas actualmente (la de 2.4 GHz y una parte de la citada más arriba), la primera está especialmente saturada debido al escaso número de canales no solapados disponibles, y la segunda lo estará (si no lo está ya) en un futuro próximo en la mayor parte de los lugares que dispongan de este tipo de servicios.

Liberar espectro es por tanto una necesidad si lo que se pretende es mantener y potenciar los servicios ofrecidos a través de Wi-Fi (¿qué serían las futuras Smart Cities sin ellos?), pero también lo es sin duda alguna una adecuada planificación, puesta en funcionamiento y control de este tipo de redes. Y es aquí donde los distintos agentes que de alguna forma intervenimos en ellas debemos mantener una actitud responsable y analizar detenidamente nuestra forma de actuar para afrontar el futuro con ciertas garantías. Un buen primer paso sería revisar una normativa laxa que, si bien ha servido inicialmente como dinamizador de este tipo de despliegues, ha suprimido hace años la obligatoriedad de contar con un proyecto aprobado cuya elaboración corre a cargo de un técnico competente a la hora de poner en marcha redes Wi-Fi (incluso las más grandes). En segundo lugar, debe existir un compromiso real de adopción de un código de buenas prácticas profesionales por parte de los responsables de la red, que en ocasiones hacen caso omiso de los límites que impone la normativa en cuanto al uso de frecuencias o potencias de transmisión, o que no cuentan con personal cualificado que proporcione la suficiente solvencia técnica, o que simplemente no realizan una adecuada puesta en marcha de la red. Este tipo de praxis, en definitiva, ocasiona un perjuicio para sí mismos y para otros usuarios. La correspondiente vigilancia y el control de este tipo de actuaciones, que corre a cargo de los correspondientes organismos públicos, es también una valiosa herramienta con la que sin duda debemos contar para proteger este bien común que es Wi-Fi.

Autor: Francisco Javier Atero 
Director de Ingeniería y Desarrollo en Landatel

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